La Junta de Castilla y León primero excluye a los periódicos digitales al constituir la comisión de debates electorales, quedando así la mitad de sus votos en manos de medios que forman parte de los dos grupos empresariales propietarios de Radio Televisión Castilla y León, un medio privado financiado por la Comunidad Autónoma. Y luego dicha comisión desdeña una excelente oferta de RTVE para dejar los DOS debates programados en manos de dicha empresa privada. Toda una apuesta por el amaño y por no dar ni una oportunidad a la transparencia y la pluralidad que las y los castellanoleoneses merecen.

La oferta de RTVE incluía la difusión del debate en prime time (22.00 horas) en La 1 de TVE para Castilla y León, Canal 24 horas de TVE para difusión nacional, Radio 5 en emisión nacional, RTVE.ES en difusión nacional e internacional y RTVE Play para aplicaciones móviles, toda una propuesta para la mejor información de la ciudadanía de dentro y fuera de Castilla y León. Además, incluía como escenario un lugar tan idóneo como neutral, un salón de recepciones del Parlamento Autonómico.

Se le pusieron pegas primero a la hora, y RTVE se mostró abierta a introducir cambios en ese sentido, y luego al hecho de que el presentador no fuese de Castilla y León, y RTVE se mostró abierta a incorporar un segundo presentador de Castilla y León junto al propuesto por TVE. Pero las cartas estaban marcadas desde el principio, por muy irrechazable que pudiese resultar la oferta de RTVE la comisión la rechazó de plano para entregar los dos debates a una empresa privada que se debe a los intereses que se debe. El interés público, la transparencia y la pluralidad no interesan a la Junta de Castilla y León ni a su más que controlada comisión de debates electorales.

Hay que recordar que RTVE no sólo es pública, con una labor democrática y social regulada en nuestra legislación, sino también que es la primera radiotelevisión en Castilla y León, y que viene dando servicio a las y los castellanoleoneses desde hace muchos años. Con independencia de la oferta de RTVE, la Junta de Castilla y León está obligada a apostar por esa radiotelevisión PÚBLICA que tanto servicio le ha dado, le da y le seguirá dando a la ciudadanía, a pesar de esta indecente decisión.

Este bloqueo no solo es a TVE, a RNE y a los interactivos de RTVE. Este desprecio no es solo a lo público, cuyos servicios también costea la ciudadanía de Castilla y León que ahora se ve privada de ellos cuando más lo necesita su democracia. Este tremendo portazo lo es sobre todo a la TRANSPARENCIA, y lo han dado sin apenas ruborizarse. En la Junta de Castilla y León no quieren luz ni taquígrafos, y por eso no trabajan para un debate HONESTO sino para un debate CONTROLADO. Por eso RTVE no interesa, no la quieren ver ni en pintura quienes tienen la obligación de velar por lo público y, sin embargo, lo marginan en beneficio de lo privado, en beneficio de lo afín en lo ideológico y en lo económico.

Desde UGT denunciamos esta lamentable situación y exigimos que, con independencia de lo decidido por la comisión de debates electorales, RTVE se ponga a trabajar para ofrecer otros debates en favor de la democracia. Que se organicen y se invite públicamente a las fuerzas políticas, y que sea cada una de ellas la que se responsabilice de su presencia o no en los debates. La radiotelevisión de todas y todos no puede quedar fuera ni permanecer impasible ante esta tropelía democrática.