Así sucedió con el programa de Carlos Herrera, que fue reiteradamente denunciado por UGT al ser ilegal, por tratarse de un programa con contenidos informativos que según la ley tiene que producirse de forma interna por RTVE. Lo mismo hicimos anteriormente en el caso del programa de Buruaga, y más recientemente en el de Cintora. Desde UGT lo hemos dicho siempre muy claro: el artículo 35 del Mandato-marco a la Corporación RTVE, en su punto 2, apartado a) señala claramente como objetivo “el 100% de producción interna en programas informativos, programas de carácter institucional y contenidos de autopromoción”.

Y en los tres casos, además de denunciar su ilegalidad por dar contenidos incompatibles con la externalización, exigimos la mayor TRANSPARENCIA en la contratación, algo que sería muy deseable no sólo por ética y porque nuestro carácter público nos obliga, sino también para evitar la vergüenza de descubrir años después que RTVE firmó un contrato escandaloso, alejado de los intereses de nuestra empresa y con beneficios desproporcionados a terceros.

Así ha sucedido con el contrato suscrito en su día con Carlos Herrera, aportando descrédito a nuestra radiotelevisión pública. Un contrato que la dirección de CRTVE siempre se ha negado a facilitar y que finalmente ha tenido que ser un tribunal el que le obligue a ello, tras cuatro años de peticiones por parte del abogado Samuel Parra y del Consejo de Transparencia.

Un contrato que ya empezamos a saber de qué va a través del medio elplural.com, que explica en su artículo “El escandaloso contrato con el que Carlos Herrera se benefició de la TVE de Rajoy” hasta qué punto incluía cláusulas abusivas, como los 15.000 euros que Carlos Herrera se embolsó por capítulo, cuando en RTVE tenemos profesionales sobradamente capacitados, a los que había que sumar 4.000 euros para cada uno de los invitados, o un catering muy exclusivo para Herrera y sus invitados, según explica este medio.

Y así suma y sigue hasta llegar a una cifra que roza los 350.000 euros por capítulo, con una producción prevista de 13 capítulos y un coste total de producción cercano a los cuatro millones y medio de euros. Y todo ello por un programa que, además de vulnerar flagrantemente la ley, fue un desastre de audiencia desde un principio, y que se suspendió tras la emisión de su sexto capítulo. Por eso, y a la vista de cómo los firmantes de este contrato por parte de RTVE obviaron los intereses de la empresa por los que tenían el deber de velar, desde UGT solicitamos al actual presidente de la CRTVE que abra una investigación interna de forma inmediata para saber si se pagó la totalidad del contrato pese a su interrupción, y que se tomen todas las medidas oportunas si ha habido irregularidades, incluyendo la destitución de cualquier directivo que pueda seguir ostentando el cargo tras haberlas cometido.

Desde UGT defenderemos el cumplimiento del Mandato-marco en todos los casos, y denunciaremos cualquier externalización de la producción interna que este protege, con independencia de ideologías, igual lo hicimos con Buruaga, que con Herrera o con Cintora. Desde UGT exigiremos siempre TRANSPARENCIA, en estos contratos y en toda la contratación externa de la CRTVE.