El anuncio en la intranet de una norma dictada por la dirección de RTVE para el acceso a las comunicaciones de los trabajadores y trabajadoras ha desatado una tormenta más que previsible en un tema tan sensible, y más que segura cuando dicha norma traspasa todo lo razonable y además lo hace con la pretensión de ser puesta en marcha cuando aún no existen protocolos que regulen y limiten dicho acceso. Es una tremenda CHAPUZA que vuelve a dañar el prestigio de RTVE al llevarnos a los medios nuevamente por la incompetencia de una dirección que cada día es más insostenible.

Desde UGT RTVE reconocemos el derecho de cualquier empresa a defender sus sistemas informáticos de ataques externos procurando un buen uso por parte de sus trabajadores y trabajadoras, pero lo que no se puede de ningún modo es llevar ese control legítimo al ámbito de todas las comunicaciones fijas y móviles. Y es que esta tremenda chapuza de norma va más allá de los sistemas informáticos para incluir las llamadas desde teléfonos fijos y móviles, como se especifica en su artículo 3 al ser aplicable a todos "los equipos y recursos informáticos, así como aquellos dispositivos de comunicación fijos o móviles que RTVE pone a disposición de sus trabajadores y de otros usuarios para el desarrollo de su actividad profesional en el seno de RTVE".

El texto publicado cuenta con una disposición adicional en la que se especifica que "la presente norma podrá ser objeto de desarrollo mediante un protocolo de actuación que deberá ser aprobado por el Consejo de Administración". Es decir, que primero se autoriza a la dirección a acceder a los medios y comunicaciones fijas y móviles, y dejamos pendiente para no se sabe cuándo el especificar qué se puede y qué no se puede hacer, cómo y de qué manera en concreto se puede hacer efectivo lo que podría ser legítimo, dejando que se convierta en un tremendo agujero de sospecha y oscuridad hasta la publicación sine die del referido protocolo.

Para UGT en la CRTVE resulta obvio que este es un tema que precisa no sólo de la comunicación a los trabajadores y trabajadoras, sino de su participación efectiva y de su total conformidad con unos procedimientos de actuación claros que lo regulen. Este es un derecho legítimo de la empresa, pero tiene que estar limitado y a su vez controlado por los trabajadores y trabajadoras para evitar abusos que, en caso de ir a los tribunales, serían motivo de sanción para la empresa, tal y como se demuestra en una abundante jurisprudencia que tiene muy en cuenta el derecho a la privacidad y al secreto de las comunicaciones de los trabajadores y trabajadoras. Unos derechos que, desde ya lo advertimos, UGT en la CRTVE defenderá donde sea necesario.

Pero por si toda esta incompetencia fuese poca a la hora de dictar esta chapuza, la dirección se olvida de un detalle tan importante como que ésta es una empresa de comunicación, donde trabajan periodistas, y además de eso pública. Un detalle que implica que esta norma no solo tiene que tener unos límites muy claros para no poner en riesgo los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino también los de las y los periodistas que en ella trabajan y que tienen todo el derecho a preservar el secreto de sus fuentes, así como los de la propia sociedad, que debe encontrar en esta empresa pública una garantía al derecho a una información veraz y objetiva que con este “incontrolado control” de las comunicaciones queda claramente en riesgo.

La chapuza, como viene siendo habitual, ya ha dañado la credibilidad de RTVE, y aunque en las últimas horas los medios están anunciando que la dirección “recula” y se va a dar orden de no poner esta norma en marcha hasta tener un protocolo, lo cierto es que hoy se acumulan aún más motivos para que la ciudadanía deje de confiar en su RTV pública. Desde UGT en la CRTVE lo tenemos claro, que esta dirección deje de hacer daño a nuestra credibilidad y que deje las reformas para una nueva dirección que ya teníamos que tener hace mucho tiempo, demasiado. Esa dirección tendrá el derecho a plantear la seguridad de nuestros medios, y esperemos que para ello cuente con la competencia necesaria y, sobre todo, con sus trabajadores y trabajadoras en este objetivo que debería ser común y no motivo de enfrentamiento.