Desde UGT en CRTVE venimos denunciando la opacidad en la gestión de nuestra RTV Pública, una falta de transparencia que va desde las nóminas de sus directivos a los contratos millonarios con las productoras, pasando por unos procesos de selección para la contratación de informadores que sólo parece responder al capricho de quienes la dirigen. La ciudadanía tiene TODO EL DERECHO a saber hasta el último detalle de cuanto se hace con RTVE, con su Radio y su Televisión, gestionadas con dineros públicos.

A esta falta de transparencia, ya de por sí perversa, se unen una serie de indicios que van a más, que suman ya demasiadas sospechas y demasiadas páginas en los medios. El indicio más sonado, y argumentado como hecho demostrado en el auto del juez Velasco, ha sido el escándalo de la periodista “de confianza” de Ignacio González, de la cual algún medio ya adelanta su nombre. Desde UGT en CRTVE ya lo advertimos, porque así lo venimos denunciando, no es la única informadora ni informador cuya única virtud para estar en RTVE no es otra que su sumisión incondicional al Partido Popular. Instrumentalizar la Radio y la Televisión de todas y todos para servir a los intereses de unos pocos, pasándose por el Arco del Triunfo el derecho a una información veraz, objetiva y plural para toda la ciudadanía, ESO ES CORRUPCIÓN POLÍTICA.

Pero a este escándalo se suman otros, y así nos enteramos de la estrechísima relación de José Antonio Sánchez con Zaplana, una relación que va más allá de la mera amistad cuando al parecer Zaplana cuenta con él para sacar adelante la operación de unos terrenos gracias a la amistad de Sánchez con Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Y no es la primera vez que el nombre del presidente de RTVE sale de un modo u otro en las investigaciones sobre corrupción, como ya ha pasado en el caso Gurtel y los papeles de Bárcenas.

La última noticia que ha surgido en los medios es la compra de otras 150 películas a Enrique Cerezo, imputado por el ático de Ignacio González. Desde UGT en CRTVE tenemos muy claro que esta es una operación legal en su forma, y que cuenta con el visto bueno del Consejo de Administración de RTVE, pero resulta cuanto menos inconveniente la oportunidad y el momento para realizar esta operación. Cuando RTVE debería hacer un esfuerzo por la transparencia para alejarse de cualquier sospecha, no parece lo más conveniente cerrar una operación que da tanto que pensar.

Estos años de gobierno del Partido Popular ya forman parte de la historia más negra de RTVE, un periodo que ha supuesto unos niveles de descrédito desconocidos hasta el momento en nuestra RTV Pública. Cuando la tarea más urgente es recuperar la buena imagen y la credibilidad de RTVE a través de la más absoluta TRANSPARENCIA, nos encontramos con más oscuridad, más sospechas, más zonas negras como el tizón, y con un nuevo paso que a través de los indicios nos lleva desde la manipulación informativa al mismo centro de la corrupción política.

No pueden existir sospechas, no puede haber zonas oscuras en lo que es de todas y todos, la fiscalía tiene que actuar para saber TODO cuanto ha pasado con RTVE en estos años, hasta el último detalle. Lo exigen los derechos por los que RTVE debe velar, lo exige el carácter público de los dineros con los que RTVE se financia, lo exige la ética y el más mínimo sentido de la vergüenza, y sobre todo lo exige la Democracia.