Con la decisión del Gobierno valenciano pierde el Servicio Público en la Comunidad, pierde la democracia, y pagan los trabajadores el despilfarro y la mala gestión de unos responsables políticos que deberían responder de forma inmediata ante la justicia, por malversar un dinero que es de toda la sociedad. Lo ocurrido en la RTVV, como en otras muchas radiotelevisiones autonómicas, no es achacable a sus trabajadores, sino a los gestores que las han esquilmado y preparado para su privatización o para la externalización de sus servicios.

El cierre de una Radio Televisión Pública es una forma más de acabar con la libertad de expresión, con la posibilidad de que la sociedad y la ciudadanía puedan tener voz propia, y esa voz es hoy más necesaria que nunca. En estos momentos que vive la sociedad es vital el papel de una RTVV independiente, plural y al servicio de todos los valencianos.

Quienes han cerrado la RTVV son aquellos que están imputados en la vergüenza del caso Gürtel. Los que han decretado la nulidad del ERE y la readmisión de todos los trabajadores han sido los jueces. El cierre inmediato de RTVV es la forma en la que el Gobierno valenciano “acata” la sentencia, burlando a la Justicia sin pararse a pensar un segundo en los 24 años de esfuerzo que malogra por una RTV Pública en la Comunidad Valenciana, ni en las muchas familias que injustamente pasan desde hoy a engrosar las dramáticas cifras de paro.